RETOS DE LA CNDH ANTE LA CRISIS ACTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

En el marco del Día de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre de 2019, las universidades que integramos el Sistema Universitario Jesuita (SUJ); el P. Leonel de los Santos León, SJ, asistente de lo Social de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez compartimos una vocación social y política orientada a responder ante los problemas que nos atañen como sociedad. Esto supone un análisis crítico de la realidad y el planteamiento de propuestas en un marco de diálogo respetuoso y abierto, poniendo nuestras capacidades y recursos al servicio de las necesidades y las problemáticas que nos aquejan.

Conforme a nuestra misión de promoción de la justicia, vemos en los derechos humanos un marco de convivencia social que pone al centro la dignidad de las personas. En nuestra perspectiva, la construcción de una sociedad más equitativa, solidaria y democrática pasa por hacer efectivos los derechos humanos. Por ello, desde hace décadas las universidades de la Compañía de Jesús han buscado incidir proactivamente en el fortalecimiento del sistema ombudsperson al tiempo que las obras sociales realizan su importante labor de denuncia y acompañamiento a víctimas.

Es por ello que, ante la renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), expresamos nuestro pesar por el proceso de designación poco cuidado, y señalamos los retos que observamos para esta institución en medio de una crisis de violencia, inseguridad y violaciones a los derechos humanos.

De manera inicial queremos señalar que, con base en sus atribuciones, expresadas en el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el peso de esta institución encargada de defender y promover los derechos fundamentales radica en su fuerza moral, de allí que, partiendo de un proceso de designación cuestionado jurídica, política y socialmente, su desafío sea múltiple: por una parte, demostrar transparencia, imparcialidad y autonomía frente al poder público, principalmente del Poder Ejecutivo a nivel federal y, por la otra, recuperar credibilidad y confianza institucional sin dejar de responder a los retos que enfrenta el país en la materia.

Las acciones iniciales de la nueva ombudsperson no han despejado las legítimas dudas planteadas en el debate público. Hasta el momento no existe claridad sobre los nombres que asumirán la titularidad de las áreas que tienen puestos directivos (visitadores/as generales, secretarios/ as, directores/as) y que, junto con la titular de la Comisión, son fundamentales para garantizar un adecuado funcionamiento de este organismo autónomo. Por otro lado, aunque se anunciaron medidas de austeridad encomiables, falta precisar las acciones que se tomarán para preservar las áreas que funcionan adecuadamente. Por último, nada se ha dicho hasta ahora sobre la manera en que se enfrentará la renuncia de al menos cinco integrantes del Consejo Consultivo.

México enfrenta una crisis de derechos humanos que ha sido documentada tanto por las organizaciones de la sociedad civil, como por los órganos autónomos e instancias internacionales de derechos humanos.

Como es sabido, en los últimos años el Estado mexicano ha sido revisado prácticamente por todos los órganos de supervisión de tratados de las Naciones Unidas. También ha tenido visitas y múltiples pronunciamientos por parte de los llamados procedimientos especiales (relatorías y grupos de trabajo) así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tales instancias han expresado su preocupación por la violencia y la militarización de la seguridad así como por la recurrente impunidad frente a la comisión de graves violaciones a derechos humanos, entre las que destacan las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, la tortura, el desplazamiento forzado, la contaminación ambiental y la violación de otros derechos económicos, sociales y culturales; el incremento de las violencias de género contra mujeres, niñas e integrantes de la diversidad sexual; la violencia y asesinatos contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos; las disputas por los territorios ancestrales de los pueblos indígenas; las violaciones de derechos humanos a niños, niñas y adolescentes; la discriminación hacia personas con discapacidad y las violaciones cometidas en contextos de movilidad interna e internacional.

En nuestra opinión, las problemáticas enunciadas deberían ser, al menos, la agenda prioritaria de la titular de la CNDH, la cual debe ser consultada con diferentes actores, entre ellos las víctimas y la sociedad civil.

En este contexto, la CNDH debería adoptar medidas para que las autoridades correspondientes prevengan las violaciones a derechos humanos y las atiendan de forma inmediata para cesar su comisión, evitar su agravamiento y la comisión de daños de imposible reparación. Los pronunciamientos oportunos, las medidas cautelares, las visitas in situ (por ejemplo, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura) y los informes especiales pueden contribuir a ese fin.

Por otra parte, la CNDH se ha convertido en uno de los últimos reductos en la defensa de la constitucionalidad. Por ello, un desafío más para la CNDH es la vigilancia del proceso de adopción de leyes de carácter federal y estatal, para que, de forma oportuna y eficaz, interponga las acciones de inconstitucionalidad en contra de aquellas que vulneren los derechos humanos constitucionales y convencionales.

Un tema nodal radica en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH. La nueva titular del organismo enfrenta el reto de potenciar sus herramientas para garantizar que las recomendaciones sean aceptadas por las autoridades responsables.

Por otro lado, la CNDH debe acreditar su autonomía en los hechos. Es cierto que este desafío lo enfrentará respecto de casos y situaciones generadas en el pasado reciente, pero también es cierto que su reacción frente a eventuales violaciones a derechos humanos que se generen en esta administración, será la base sobre la que en última instancia será evaluada su independencia y su solvencia.

Finalmente, será clave la vinculación que mantenga la CNDH con los demás órganos que tienen algún mandato similar de promoción y protección de los derechos humanos, así como con organizaciones de la sociedad civil y particularmente con las víctimas de violaciones a derechos humanos.

Hoy más que nunca México necesita y se merece instituciones que estén a la altura del contexto adverso en que nos encontramos. Por ello, hacemos un llamado a la ombudsperson para que asuma con responsabilidad y compromiso los retos mencionados, adoptando con autonomía, seriedad y hasta el máximo los recursos disponibles las medidas oportunas para investigar las violaciones a derechos humanos, a fin de que sirvan para garantizar la verdad y la reparación integral de los daños para las víctimas, así como la no repetición de hechos similares.

  • DR. ÓSCAR CASTRO SOTO / Director del Tecnológico del Valle de Chalco
  • DR. FRANCISCO MORFÍN OTERO /  Director del Instituto Superior Intercultural Ayuuk-Oaxaca
  • MTRO. FELIPE TORRES ESPINOSA, SJ / Rector de la Universidad Iberoamericana León
  • MTRO. GUILLERMO PRIETO SALINAS, SJ / Rector de la Universidad Iberoamericana Torreón
  • DR. LUIS ARRIAGA VALENZUELA, SJ / Rector de ITESO
  • MTRO. DAVID FERNÁNDEZ DÁVALOS, SJ / Rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Tijuana
  • MTRO. MARIO PATRÓN SÁNCHEZ / Rector de la Universidad Iberoamericana Puebla
  • P. LEONEL DE LOS SANTOS LEÓN, SJ / Asistente de lo Social de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús
  • MTRO. SANTIAGO AGUIRRE Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Luis Arriaga, S.J., designado como nuevo presidente de AUSJAL

Después de que la Universidad Antonio Ruiz de Montoya diera a conocer que Ernesto Cavassa, S.J., terminará su gestión al frente de la rectoría y, en consecuencia, dejará la presidencia de AUSJAL, el Consejo Directivo de la Asociación sostuvo una serie de reuniones para definir cómo proceder.

Así, en la reunión del pasado 22 de noviembre, se tomó el acuerdo de que Luis Arriaga, S.J., Rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, estará al frente de AUSJAL del 2 de enero de 2020 y hasta mayo de 2021, cuando se realice la Asamblea General, en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Con este cambio, la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de la Asociación, a cargo de la Mtra. Norma Patricia Guerrero Zepeda desde el 1 de agosto, estarán en un mismo país, como no ocurría desde hace 10 años, cuando el P. Luis Ugalde, S.J., estuvo al frente de AUSJAL.

El presidente de la CPAL, Roberto Jaramillo, S.J., ya ha ratificado a Luis Arriaga, S.J., como presidente de AUSJAL para el periodo señalado.

En la carta dirigida a los rectores de las universidades de AUSJAL, el Dr. Cavassa agradeció por la confianza depositada en él en estos años, el permanente apoyo y las muestras de aprecio. Finalmente, los invitó a contribuir en la implementación del Plan Estratégico 2019-2025, como una “apuesta por servir cada vez más y mejor a nuestras sociedades y a la Iglesia de nuestro continente.”

¿Quién es Luis Arriaga, S.J.?

Abogado por la Universidad Iberoamericana (1993), maestro en Derecho Internacional, por la Universidad de Fordham, Nueva York (2012) y doctor en Educación para la Justicia Social por la Universidad de Loyola-Marymount de Los Ángeles (2016).

Fue director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (2006-2011); colaboró en otras obras jesuitas mexicanas, como el Centro de Derechos Indígenas (2001-02), la Asociación Ignacio de Loyola para Migrantes y Refugiados (1999-2000) y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (1997-2000). Participó activamente en la creación de la Red de Centros Sociales de la CPAL.

Su trabajo académico es amplio e incluye la docencia y la investigación, con una gran cantidad de publicaciones especializadas, particularmente en el tema de derechos humanos.

Nuevos caminos

A partir de 2020 Ernesto Cavassa, S.J., estará cargo de la oficina nacional de Fe y Alegría en Perú y Rafael Fernández Hart, S.J., asumirá la rectoría de la UARM.

Fabio do Prado, rector del Centro Universitario FEI, Brasil, quien participaba como primer vicepresidente de AUSJAL, también dejará la rectoría de su institución en enero de 2020. Lo sucederá Gustavo Donato, actual coordinador de la Plataforma de Innovación de la FEI y quien participó en la comisión redactora del Plan Estratégico 2019-2025 de AUSJAL.

Eduardo Silva, S.J., fue designado primer vicepresidente; Andreu Oliva, S.J., y Fernando Ponce, S.J., continúan como tesorero y vocal respectivamente. Se espera la confirmación de la segunda vicepresidencia, mientras que la tercera vicepresidencia quedará vacante hasta la Asamblea de 2021.

Secretaría Ejecutiva de AUSJAL.

Ciudad de México, 3 de diciembre de 2019.